El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es muchas veces objeto de debate en nuestro país. Las críticas y la preocupación en torno al mismo surgen por los cambios que se le realizan cada cierto tiempo y por las cantidades con las que se gravan los bienes patrimoniales para que se puedan transferir a los descendientes del individuo que ha fallecido, ya que en muchas ocasiones estas son muy elevadas.
Frente a esto, hay ciertas comunidades en España que se han posicionado en contra del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y han liberado a sus ciudadanos de tener que abonar las altas cuantías que se obliga a pagar desde otras. En este artículo vamos a revisar cuáles son tanto las comunidades que lo han suprimido como todas aquellas en las que es mucho más barato cobrar una herencia, de tal modo que nuestros lectores puedan hacer sus previsiones financieras con toda la información posible.
El Impuesto de Sucesiones: un panorama fiscal diverso
Como ya comentábamos, muchas de las discusiones acerca de este impuesto vienen por las elevadas cantidades que hay que abonar para poder percibir una herencia, las cuales en ciertas ocasiones hacen que los beneficiarios de la misma deban vender algunas propiedades para poder hacerlas frente. Pero esto no es igual en todas las comunidades españolas.
En ciertas zonas de nuestro país, sus habitantes han visto como el gobierno autonómico de ese momento ha optado por introducir exenciones y reducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, llegando a eliminarlo en algunos casos o imponiendo una cuantía tan ínfima que casi podríamos decir que es «la voluntad». Un ejemplo de esto es la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde este impuesto se eliminó completamente en el año 2022, siguiendo la estela de la Comunidad de Madrid, Cantabria, Murcia y Castilla y León, que también están exentas de abonarlo.
La última en sumarse a esta lista ha sido la Comunidad Valenciana, en la cual su presidente de la Generalitat Valenciana (Carlos Mazón) aprobó un decreto ley en el cual se eliminaba completamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esto es solo una muestra más del cambio que está llegando a nuestro país y por el cual cada vez más lugares encuentran este gravamen a las propiedades y bienes de sus ciudadanos algo abusivo, decisión que va aa beneficiar sin duda a muchos contribuyentes.
¿Qué es lo que está pasando en otras regiones de España?
Por otro lado, hay regiones en España que si bien no han eliminado completamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sí han propuesto y llevado a cabo una serie de reducciones y exenciones en el pago de esta cuantía. El ejemplo más llamativo es de Canarias, ya que su Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el cual se bonifica este impuesto en un 99,9%, cifra que casi supone su desaparición. Esta medida, que afecta a cónyuges, hijos, tíos y sobrinos, excluyendo a familiares de tercer grado y externos en el caso de donaciones, va a beneficiar sin duda alguna a muchos de los contribuyentes de esta región.
Otras comunidades han optado el camino de las bonificaciones y reducciones fiscales, como son Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha, mientras que en La Rioja solo se va a requerir el abono del Impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando la herencia supere la cantidad de 400.000 euros.,
Los beneficios que tendrán los herederos
Como ya hemos ido comentando a lo largo del artículo, en regiones como Andalucía, Madrid, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Murcia prácticamente no se paga este impuesto, mientras que en otras se aplican una serie de beneficios. Todas estas decisiones afectan directamente a muchos familiares de la persona fallecida, pero en especial los cónyuges, descendientes o ascendientes mayores de 21 años.
A pesar de que todo esto son buenas noticias para muchos de los contribuyentes de estas zonas, es también necesario señalar que la eliminación o práctica desaparición del Impuesto de Sucesiones y Donaciones es algo que las distintas regiones deberán llevar a cabo con mucho cuidado, ya que puede suponer un descenso importante en el dinero que les llegará a las arcas públicas. Por ejemplo, en el caso de Canarias, las pérdidas ascenderían a los 18 millones de euros anualmente.